Vaya por delante: ninguna culpa tiene de todo esto la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. De hecho, están trabajando de manera intensa en el marco una crisis sin precedentes. La publicación del Estado de alarma (RD 463/2020) el pasado sábado 14 de marzo fue incluida en el boletín número 67 de 2020; la edición de hoy lunes día 30 de marzo incluía el número 88. Una aceleración en la producción normativa necesaria y sin precedentes.

Para entender este bazooka legislativo, recomiendo dos herramientas indispensables. La primera, el buen trabajo que -sigo desde hace años- hace Civio en el seguimiento de lo que se publica en el BOE. Eva Belmonte se encarga de explicarnos qué quiere decir lo publicado en el Boletín, que no siempre es fácil de descifrar. La segunda, un código digital editado por la Agencia Estatal del BOE, compilando todas las medidas relacionadas con la respuesta a la crisis del COVID-19.

¿Entonces, cuáles son los errores del BOE? Bajo mi punto de vista, hay 5 aspectos que comprometen la eficacia y la idoneidad de una respuesta coordinada y eficiente para combatir el virus.

1. La designación de la Autoridad competente.
La Constitución prevé, en su artículo 116, la activación del estado de alarma por parte del gobierno, sujeto al desarrollo mediante Ley Orgánica (4/1981). En dicha ley Orgánica se prevé la designación de una Autoridad competente que será la encargada de pilotar la crisis. El artículo séptimo de la Ley afirma que la Autoridad competente durante el estado de alarma será el gobierno o, por delegación de este, el Presidente de la Comunidad Autónoma cuando la declaración de estado de alarma afecte solo a un territorio.

El RD 463/2020, de declaración de estado de alarma, en cambio, diseñó una Autoridad competente dirigida por el Presidente del Gobierno que incluía a los Ministros de Interior, al de Transportes y Sanidad y a la Ministra de Defensa.

Tres reflexiones:

  1. No era necesario especificar Ministerios: todos los miembros del Gobierno podrían ser autoridades competentes delegadas.
  2. No se incluyen Ministerios liderados por Unidas Podemos, cuando ministerios como el de Trabajo o el de Derechos Sociales jugarán un rol importante en la crisis.
  3. El Ministerio de Defensa figura como autoridad delegada del estado de alarma. El rol del ejército es cuestionable en la gestión de una crisis sanitaria. Es evidente que los militares deben participar de tareas de apoyo logístico, desinfección y de soporte en las labores de seguridad lideradas por el Ministerio del Interior. Pero es muy grave que desde un primer momento no se creyera que los Ministerios de Economía y de Trabajo debían formar parte de la Autoridad competente delegada, mientras que el Ministerio de Defensa sí. Podríamos habernos ahorrado ruedas de prensa de vergüenza ajena y, tal vez, un discurso belicista vacío de contenido real.

2. Centralización no implica simplificación.

En ámbitos como el de la Seguridad, el estado de alarma implica coordinación de cuerpos de policía (nacional, Guardia Civil, autonómica y local). Dicho operativo es ciertamente complejo, pero fácil de organizar dado que hay mandos claros y una estructura jerarquizada. Ahora bien, ¿cómo centralizar la toma de decisiones en un ámbito -el sanitario- absolutamente descentralizado? Y ya no hablo de la pugna entre comunidades autónomas y gobierno central, sino de la realidad de cada centro sanitario u hospital. Es imposible hacer una previsión centralizada de los recursos necesarios -ni en presente, ni a futuro-.

En un primer momento, parecía que el Ministerio de Sanidad optaba por esta vía. Aún a día de hoy, la descentralización natural del sistema ha llevado a que comunidades autónomas como Baleares o Cataluña hayan comprado material sanitario por su cuenta. En el caso catalán, este fin de semana fue entregado un primer pedido por valor de 1,6 millones de euros. El caso balear tiene más enjundia, puesto que la Presidenta Armengol (PSOE) ha criticado al Ministerio su falta de diligencia, mientras recibía un cargamento de 7 toneladas de material sanitario encargado por el gobierno autonómico a proveedores chinos.

La coordinación y la consideración de los argumentos de las comunidades autónomas debería haber jugado un rol en esta crisis. En su lugar, se ha optado por un discurso homogeneizador inútil en términos prácticos.

3. El laberinto del trabajo.

La paralización no es absoluta, y se ha producido poco a poco. Los trabajadores, en muchos casos, no saben aún a qué atenerse; ante rumores de nuevas normativas y legislación poco clara. Además, las herramientas de protección parecen insuficientes. La grandilocuencia de los mensajes públicos “No vamos a dejar a nadie atrás” contrasta con la política adoptada: ERTE generalizado a todo el mundo y la incertidumbre como paradigma.

La inseguridad jurídica ha sido la pauta imperante -y parece que lo será también después de la publicación de las últimas medidas-. ¿Qué pasará tras el 9 de abril, cuando regresen de su permiso los trabajadores que hoy empiezan a no tener que trabajar? Nadie lo sabe.

4. La política de comunicación del gobierno.

Que todo un país esté esperando a la publicación de un boletín oficial de contenido jurídico es un síntoma de ineficiencia e inseguridad. Sobre todo, teniendo en cuenta que el anuncio político de la medida había tenido lugar más de 24 horas antes. Me refiero a la publicación de las medidas urgentes recogidas en el RD-ley 10/2020, de 29 de marzo, que prevén un permiso retribuido recuperable hasta el día 9 de abril para los trabajadores y trabajadores de sectores no esenciales. ¿Cómo pueden anunciarse medidas de respuesta que aún no están definidas?

La misma situación se dio antes de la aprobación del estado de alarma, anunciado 24 horas antes de su publicación en el BOE. En ambos casos circularon versiones de la normativa que finalmente no entraron en vigor. Como afirma Eva Belmonte, hoy 30 de marzo seguro que hay fábricas abiertas entendiendo que lo hacen de forma legal.

5. La respuesta económica.

La respuesta económica, de momento, va en la línea del crédito y de la ayuda a la espera de una situación mejor. No ha habido exenciones de pago de alquileres ni tampoco de la cuota de autónomos u otros impuestos. La única excepción, la moratoria del pago de la hipoteca -sujeta a unas condiciones muy estrictas-. Aunque el Gobierno ha prohibido el corte de suministros de agua, electricidad, gas y telecomunicaciones -¿no debería aplicarse  siempre durante los meses de invierno?- el pago de sus cuotas seguirá intacto. ¡Y lo más importante! El gobierno, a golpe de decreto-ley, ha paralizado los desahucios. Era muy sencillo, en realidad…

Parece sensato pensar que el Gobierno Sánchez esperaba más medidas por parte del BCE (y su programa de compra de 720 mil millones de euros) y de la Comisión Europea. ¿Confiaba Sánchez en los eurobonos para financiar nuevas medidas?

El extenso RD-ley 8/2020 es un compendio de medidas urgentes -algunas imprescindibles- pero poco contundentes. Me gustaría destacar la concesión de un suplemento de crédito por valor de 300 millones de euros para financiar un Fondo Social Extraordinario destinado a combatir las consecuencias sociales del COVID-19. El crédito es gestionado por el Ministerio de Derechos Sociales -Pablo Iglesias-, curiosamente el mismo al que veíamos excluido de la gestión del día a día de la crisis.

Conclusiones

Una pandemia sin precedentes conlleva a una respuesta exageradamente rápida para la que ninguna institución está preparada. Tampoco el sistema sanitario. Por lo tanto, lo más razonable es que se cometan errores de planificación y de estrategia. Cerrar Madrid o cerrar Cataluña -dos alternativas que estuvieron sobre la mesa- podrían haber sido buenas medidas, pero soy incapaz de valorarlo técnicamente.

La clave, bajo mi punto de vista, está en el diseño de la respuesta normativa a la crisis. Pretender ofrecer tranquilidad cuando eres incapaz de pactar con tu socio de gobierno el texto de un real decreto es grave. Decir “nadie debe quedarse atrás” pero luego aprobar medidas más descafeinadas que la de vecina (y liberal) Francia es definitorio. Implicar al Ministerio de Defensa -y excluír al de Derechos Sociales- en la Autoridad Competente es una decisión política de primer orden. Para mí, esos han sido los errores del BOE: un compendio inconexo de medidas que parecen ser, tan solo, un primer plato, a la espera de nuevos parches.

Por ser más claro: la respuesta a la crisis necesita mayores dosis de generosidad (con las CCAA y los socios de gobierno) y contundencia (con alquileres y pagos de facturas de suministros), y menos retórica belicista y uniformadora.

Imagen: @JRMora

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